La Cuarta Revolución: La Carrera Global por Reinventar al Estado.

Home \ Jorge Corrales \ La Cuarta Revolución: La Carrera Global por Reinventar al Estado.

The Fourth Revolution: The Global Race to Reinvent the State (La Cuarta Revolución: La Carrera Global por Reinventar al Estado), que espero les sea útil.

RECORTANDO PRIVILEGIOS

El mayor problema que encaran los gobiernos es la explosión de privilegios de derechos adquiridos, que ha ido creciendo sin parar desde la Segunda Guerra Mundial y que en los años venideros va a aumentar aún más, sin freno alguno gracias al envejecimiento de la población. Arreglar la crisis de los derechos adquiridos no sólo salvará a los estados de caer en la insolvencia. También preservará el contrato social que está en el corazón del estado de bienestar. El estado se suponía que cuidaría de la gente cuando ellos sufrieran problemas que no eran falta de ella; en vez de esto, crecientemente está siendo pródigo, gastando la plata en personas ricas nacidas entre 1946 y 1965 [baby-boomers], quienes ya han gastado muchas de sus vidas atiborrándose a sí mismos del gran bufet del estado de bienestar.

Aquí el ejemplo estadounidense es particularmente interesante, debido a que muestra tres cosas. La primera es que los derechos adquiridos o privilegios están en el corazón del asunto. Ellos han crecido desde menos de la mitad del gasto federal hace veinte años a un 62 por ciento en el 2012. La segunda es que los problemas pueden desarrollar una espiral descontrolada. La deuda federal ya es demasiado alta llegando a un 73 por ciento del PIB en el 2012 (la deuda bruta del gobierno es de un 103 por ciento), pero llegará a un 90 por ciento si continúan las políticas actuales. La combinación de una población que envejece y costos crecientes de salud están impulsando permanentemente hacia arriba los costos de los beneficios básicos, tales como la Seguridad Social (pensiones), Medicare (cuidado de la salud para pobres). La tercera es más alegre: El sistema puede ser restaurado a la solvencia, por medio de la implementación de un conjunto de reformas relativamente gentiles.

La principal obligación del gobierno federal es la Seguridad Social, que cuesta $809 billones anuales [un billón equivale a mil millones] en el 2012; o sea, un 5 por ciento del PIB. El número de beneficiarios crecerá en 1.5 millones por año durante las próximas dos décadas. Esto hará que el costo de los beneficios se eleve a un 5.9 por ciento del PIB en el 2031. Pero esto puede cambiar si se varían las reglas. La mayor ganancia vendría de incrementar la edad de pensión a más de 65 años. En este momento, el pensionado promedio de 65 años de edad puede considerar que vivirá otros 19.5 años adicionales, en comparación con los 12.7 años para los hombres y 14.7 para las mujeres en 1940 (cinco años después de la creación del sistema en 1935). La edad de retiro está determinada que se eleve a los 67 años en el 2022, con algunas salvedades. Esa fecha deberá ser anticipada y la edad incrementada a los 70 años e indexada a la esperanza de vida, tal como sucede en Suecia. Esto también aumentaría el PIB en un 1 por ciento, de acuerdo con la Oficina Presupuestaria del Congreso de los Estados Unidos, debido a que estaría trabajando un mayor número de personas. También se elevarían los beneficios en línea con el crecimiento de la inflación de precios, en vez de la inflación de los salarios. E idealmente habría un elemento de seguros sociales, en vez de asistencia social, como lo es el modelo de Singapur, en donde el estado provee un mínimo, pero a la gente se le permite aportar para tener ahorros mayores.

Un costo aún mayor es el del Medicare, que es, en la actualidad, un 3.6 por ciento del PIB y que se espera se eleve a un 5.6 por ciento en el 2035. Éste también necesita ser alineado con la demografía: La edad para ser elegible también debería de aumentar de sesenta y cinco a sesenta y siete. En cuanto a los crecientes costos médicos, ya hemos argüido que hay buenas razones para pensar que se puede revertir mediante una restructuración de los hospitales (como los del Dr. Shetty en India [tema que antes les traduje]), usando equipo frugal (como el juego [kit] que la General Electric está produciendo a la vuelta de la esquina del Dr. Shetty), y permitiendo que una parte mayor del trabajo sea realizado por no-médicos, aparatos y tecnología. Sin embargo, unos Estados Unidos más radicales darían un salto por encima del fangal del Obamacare y se apropiarían de ideas provenientes tanto de la nueva Asia como de la vieja Europa.

La idea de Europa es la de un sistema de un único pagador, básicamente alrededor de lo que constituye el sistema sueco. Puede sonarle como algo socialista a los fundamentalistas del Partido del Té, pero proveería cobertura universal de una manera transparente y a un costo considerablemente menor que el confuso enredo actual (con su mezcla de provisión pública y ligámenes con aseguradoras privadas). Se haría evidente cuánto está gastando el estado y en qué cosas, de manera que el contribuyente de impuestos posiblemente terminaría pagando menos por, digamos, cirugías plásticas a gente que considera que no son lo suficientemente bonita. Un sistema de un único pagador necesitaría ser combinado con un consejo médico independiente, que evaluara la relación efectividad-costo de las medicinas, similar al Instituto Nacional Británico para la Excelencia de la Salud y el Cuido (NICE por sus siglas en inglés) (el cual de hecho raciona el cuido médico) y con el cobro de sumas pequeñas a los pacientes para desestimular su uso excesivo. La idea de Asia, de nuevo, de Singapur, es la de introducir alguna forma de impuesto hipotecado para pagar por su salud y cuidado médico [hipotecar es una práctica mediante la cual alguien que pide prestado ofrece un colateral o garantía que permite asegurar el pago de la deuda. El que pide prestado mantiene la propiedad del colateral, pero el acreedor tiene el derecho de apropiarse si no paga el que pidió prestado], permitiendo a la gente ir construyendo sus fondos de salud mediante su sistema Medisave. De nuevo, Singapur siempre insiste en que se debe hacer un pago pequeño por cada operación y se hacen estudios para comprobar la capacidad de pago, definiendo qué tanto subsidio pueden obtener para algunos procedimientos.

La mayoría de la gente aceptaría que el estado debería de proveer un mínimo básico en términos de pensiones y cuidado de la salud a todos sus residentes. Pero hay otros derechos adquiridos o privilegios que dan lugar a preguntas más engañosas en cuanto a su equidad. Aquí, Europa es un infractor mucho mayor que los Estados Unidos. El continente se ha metido en el hábito de repartir beneficios universales, tales como pasajes gratuitos para viajar en autobús y asignaciones de combustible para calentarse en el invierno, independientemente de la capacidad de pago de la gente. La respuesta para la mayoría de los casos es comprobar si se tienen los medios: De ahora en adelante, Sir Mick [Jaeger] y Sir Elton [John] deberán ser privados de sus pasajes para usarlos en los buses.

Otra respuesta es hacer que los individuos paguen más, si ganan más debido a la inversión pública que como lo logra la sociedad como un todo. Un estudiante que va a la universidad obtiene una ventaja colosal en el mercado laboral. ¿Por qué los contribuyentes deberían subsidiar eso?

En la legislación esencial de bienestar -otorgar dinero y servicios a los necesitados y a los desocupados- el Oeste no tiene por qué seguir el modelo de amor duro de Lee Kuan Yew [premier de Singapur] a fin de ahorrar mucho dinero. Tres políticas surgen para tal objetivo. Una es la condicionalidad. Países de América Latina ligan los beneficios con la adopción de buenos hábitos, tales como enviar a sus hijos a la escuela o ir a las clínicas de salud para chequeársela. Más países ricos podrían copiar eso, amarrando los beneficios de los programas con la disposición de la gente para invertir en talentos y en educación. La segunda es la reforma a las discapacidades. En los Estados Unidos, la pertenencia a los programas de Seguridad Social de seguros por discapacidad se ha incrementado de un 1.7 por ciento de la población en edad de trabajar en 1970 a un 5.4 por ciento. Los estadounidenses se incorporan en sistemas de discapacidades cuando se agotan sus pagas por desempleo, estimulados por doctores que han venido ampliando la definición de discapacidad. Pero la discapacidad es una trampa terrible. Los sistemas de discapacidades en los Estados Unidos no dedican esfuerzo alguno para hacer que la gente regrese a trabajar: Fueron diseñados en una era en que la gente enferma no se recuperaba. Sería mucho mejor si se fijaran metas de reentrenamiento de la gente. En la actualidad, Dinamarca otorga beneficios por discapacidad sólo si la habilidad de la gente para trabajar se ve afectada permanentemente y para el caso en que ni siquiera puedan aceptar opciones laborales flexibles.

La tercera causa es la transparencia. En la actualidad la ayuda de bienestar es distribuida por medio de diferentes sistemas. En los Estados Unidos, el crédito tributario por ingreso ganado viene de una fuente diferente a la ayuda para vivienda, que es pagada separadamente de la ayuda a madres con hijos jóvenes. La correcta es la idea propuesta en Gran Bretaña, de un cheque único que muestra cuánto es lo que la persona está obteniendo del estado. (También abre espacio para que el gobierno imponga un tope. Debería ser imposible que una persona en buenas condiciones viva de los programas de bienestar y gane más que alguien quien tiene un trabajo mal pagado). Si lo mismo se hiciera con los diversos subsidios generosos del gobierno para los ricos, entonces se haría evidente qué tanto la gente estaría recibiendo.

La reforma de los privilegios o derechos adquiridos tiene que involucrar algún elemento de responsabilidad incrementada de parte de los beneficiarios. La idea de que un servicio público debería de ser gratuito suena atrayente. Pero no ha funcionado en la práctica. Debería de esperarse que la gente pagara algo -aún poca cosa- por los servicios médicos, a fin de demostrar que no existe tal cosa como un almuerzo gratis. La gente debería de verse obligada a involucrarse en un reentrenamiento después de haber pasado cierto tiempo con un subsidio. El sistema de bienestar social fue creado en un momento en que la mayoría de la gente laboraba en los trabajos repetitivos de la manufactura: El pago por desempleo fue considerado como un medio para sacarla del apuro hasta que pudieran encontrar otro empleo, haciendo lo mismo que habían hecho en el pasado. Pero la economía de hoy está pasando por una etapa particularmente disruptiva: La tecnología de la información está reordenando industrias completas y la globalización está volviendo a dividir al trabajo. Los trabajadores necesitan mejorar sus habilidades, a fin de que puedan tener una oportunidad de conseguir nuevos empleos.

Esto puede sonar como si se tuviera un corazón endurecido o moralizador. Pero de hecho está en el espíritu del estado de bienestar original. En su modelo para el estado de bienestar en 1942, al británico William Beveridge le preocupó que el nuevo estado de bienestar colapsaría si subsidiaba el ocio o toleraba el abuso. Él aplicó límites estrictos de tiempo en el cual se podía vivir bajo subsidio. Impuso exámenes que comprobaran los medios de las personas, a fin de que los ricos no reclamaran beneficios que estaban destinados a los pobres. Es mejor tener un corazón duro, que un cerebro blandengue. También es mejor ser justo con las generaciones futuras, en vez de empobrecerlas a fin de mimar a las generaciones actuales. Los gobiernos repetidamente han trasladado el costo a las generaciones futuras (los cuales no tienen ni la oportunidad de opinar al respecto) de fondear los programas existentes de privilegios o derechos adquiridos. La idea de obtener prestado de generaciones futuras puede haber tenido algún sentido cuando las poblaciones estaban aumentando y cuando todo el mundo sabía que sus hijos serían más ricos que como lo que fueron ellos. Ahora en que eso ya no parece ser cierto, aparenta ser mucho más riesgoso, especialmente cuando el dinero que está siendo pedido por el Tío Sam en estos momentos no es para financiar infraestructura o para construir escuelas: Se está yendo en exenciones tributarias para capitalistas amigotes y para el pago de programas de bienestar. No hay nada de progresivo en eso.

EL CAPITALISMO DE LOS AMIGOTES EN EL POTOMAC

[El Potomac es un río que cruza la ciudad de Washington, D. S.]

Si la privatización es un gran punto ciego para la derecha estadounidense, los subsidios para los ricos es el de la izquierda. El desmantelamiento del tejido de donativos para los ricos y poderosos debería de estar en el punto más alto de la agenda de los progres estadounidenses –de la misma manera que el clientelismo real fue el gran enemigo para John Stuart Mill. Hasta el momento, la izquierda se ha concentrado en tratar de aumentar los impuestos en nombre de la redistribución. Sería mejor que se enfocara en desmantelar el estado de bienestar para los plutócratas de los Estados Unidos. Hay dos objetivos bien apetitosos. El primero es el capitalismo de los amigotes [crony capitalism]: todos aquellos subsidios para las empresas bien conectadas. El segundo es el sistema de impuestos a las personas, el cual, como hemos visto [en otra sección previa], está masivamente distorsionado por la ayuda a los ricos. Arreglando estas cosas simultáneamente adelgazaría al Leviatán y ayudaría a que enfocara sus energías en ayudar a aquellos que ciertamente necesitan de ella.

El capitalismo de los amigotes representa al ejemplo más egregio de la ley de Olson [Mancur Olson, notable economista, autor del libro La Lógica de la Acción Colectiva. La ley de Olson puede describirse como: Hacer que los grupos de interés se organicen “es incómodo, requiere de mucha plata, tiempo y energía, de manera tal que aquellas agrupaciones reducidas, que prosiguen asuntos que les interesan profundamente, es más posible que se organicen para lograr sus objetivos en comparación con grupos que son más amplios y que usualmente están plagados de oportunistas que quieren disfrutar de los beneficios de la acción estatal, sin tener que incurrir en sus costos.”] Si el capitalismo de mercado brinda una forma mediante la cual los beneficios privados se convierten en un bien público, como aseveró Adam Smith, el capitalismo de los amigotes provee una forma por la cual el bien público se torna en un bien privado, llenando los bolsillos de los poderosos, minando la competitividad de la economía y dirigiendo mal en una enorme escala a los recursos escasos.

La actividad económica, con la historia más grande de chupar de la ubre del estado, es la agrícola. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos distribuye cada año entre $10 billones y $30 billones en subsidios en efectivo a los agricultores (el monto exacto fluctúa con el precio de mercado de las cosechas y con la frecuencia de los desastres). Los pagos están fuertemente sesgados hacia los grandes productores. El 10% de agricultores más grande recibió en el 2010, un 68 por ciento de todos los subsidios a los productos agrícolas. Los beneficiarios incluyen algunas de las empresas más grandes de los Estados Unidos, como Archer Daniels Midland, y algunos de los individuos más ricos, tales como Ted Turner, así como a gente que del todo no siembra, pero que poseen tierras que en algún momento fueron consideradas como aptas para sembrar.

Es difícil decir cuáles son las consecuencias más dañinas de todo esto. Los subsidios agrícolas transfieren dinero del contribuyente promedio hacia el rico. Distorsionan la economía, estimulando a que la tierra se siempre en exceso. Arruinan el medio ambiente. Dañan a los pobres del mundo en desarrollo, cuyos productos quedan fuera del mercado estadounidense. Echan a perder el prospecto de un acuerdo comercial global. Y generan desperdicio y corrupción. La industria azucarera, que ha ayudado a construir la epidemia de obesidad en los Estados Unidos, tiene una historia sórdida con el Congreso estadounidense, pero aun así los políticos continúan alimentando al lobby azucarero. La legislación agrícola del 2008 agregó un nuevo subsidio al azúcar con el etanol, mediante el cual el gobierno compra el “exceso” de azúcar importado que podría ejercer una presión hacia abajo a los precios ya inflados del azúcar y se lo venden a los productores de etanol. Es algo así como si las Leyes del Maíz nunca hubieran sido derogadas. [Leyes que en Inglaterra rigieron entre 1815 y 1846 y que imponía aranceles a la importación de granos importados más baratos, apoyando precios más elevados y no competitivos de la producción doméstica inglesa].

El Instituto Cato, que ha estudiado este problema con detalle, ha expuesto una cita encantadora de un congresista malhumorado en 1932. Él señaló la perversidad de un Departamento de Agricultura que gastaba “cientos de millones al año para estimular la producción de productos agrícolas cualquiera fuera el método, desde irrigación a tierras desgastadas, a prestar y aun hasta regalar dinero a los agricultores, al tiempo que se les decía que no existía un mercado adecuado para sus productos y que deberían de restringir su producción.” La única cosa que ha cambiado hasta ahora, es que los millones ahora son billones y que la burocracia asociada ha aumentado más allá de cualquier razón que se alegue. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos emplea a más de cien mil personas, con un costo de cercano a $150 billones al año.

La mejor excusa que puede brindar el lobby agrícola estadounidense es que los agricultores de Europa subsidiados son aún más chineados. No se requiere que tenga que ser así. Nueva Zelandia eliminó completamente sus subsidios agrícolas en 1984, a pesar de ser un país cuatro veces más dependiente de la agricultura que los Estados Unidos. Al principio, el cambio produjo una fuerte resistencia, pero pronto los agricultores se adaptaron y prosperaron: Los agricultores han aumentado su productividad, desarrollado nichos de mercado, tales como de la fruta kiwi, y se diversificaron hacia la obtención de ingresos provenientes de fuentes distintas de la agricultura. ¿Acaso, en verdad, vamos a creer que los agricultores de los Estados Unidos son menos independientes e innovadores que sus rivales de Nueva Zelandia?

Si la agricultura es el viejo símbolo respetable del capitalismo de los amigotes, entonces el sector de servicios financieros sería el ostentoso nuevo muchacho del barrio. Esa actividad da más empleo a lobistas que cualquier otra: cuatro por cada miembro del Congreso de los Estados Unidos. Wall Street casi que ha abierto un pasaje bajo tierra para llegar al Ministerio de Hacienda [Treasury o Tesoro]: Cuatro de los últimos ministros del Tesoro han tenido ligámenes estrechos con bancos de inversión. Luigi Zingales, de la de la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago (quien salió de Italia en 1968 porque sintió que su país estaba siendo destruido por el amiguismo), calcula que el subsidio implícito que se ha dado a “bancos que son muy grandes como para que fracasen”, tiene un valor de $34 billones anuales. Otros dos economistas, Thomas Phillipon y Ariell Reshef, argumentan que entre un tercio y la mitad del enorme aumento en la paga en Wall Street, proviene de rentas, en vez de serlo por aumentos en la productividad. El hecho de que la gente que maneja grupos de inversión privada pueda tratar sus ingresos como si fueran ganancias de capital, es particularmente vergonzoso. Y, tal como la agricultura, todo este tipo de tratamientos financieros especiales provoca que surjan trámites burocráticos (véase Dodds-Frank) y distorsiones al capitalismo: Cada vez más se construyen “hoyos negros” que están más allá del alcance de los reguladores.

Hay una cantidad innumerable de ejemplos de intereses especiales en busca de rentas. Si el gobierno dejara de subsidiar la producción de combustibles fósiles, podría ahorrar $40 billones en la próxima década. El gasto de hacer lobby en Washington más que se ha duplicado en los últimos quince años. La decisión del 2010 de la Corte Suprema de Justicia, “Citizens United” [“Ciudadanos Unidos”], le ha dado carta blanca a las empresas para que gasten libremente en influir las elecciones. Y los Estados Unidos difícilmente son únicos en esto. Whitehall [Calle de Londres que se usa como tropo para indicar la sede del gobierno inglés], también se está convirtiendo en algo que está muy de cerca para las diversas actividades económicas. Los días en que los mandarines ingleses se retiraban a sus casas y a jugar crucigramas, hace mucho tiempo se acabaron. Tan sólo en la década que acaba de pasar, dieciocho antiguos ministros y miembros del servicio civil inglés han asumido empleos en las tres firmas de contabilidad más importantes de Inglaterra, cuyo trabajo incluye ayudar a los negocios a minimizar el pago de impuestos y hacer lobby ante el gobierno.

Para los progres de todo tipo, esta es una enorme oportunidad desperdiciada. La batalla en contra del capitalismo de los amigotes es más viejo que los Estados Unidos en sí: La Fiesta del Té de Boston fue un proceso en contra de la East India Company, la cual estaba usando sus conexiones políticas en Londres a fin de subsidiar su té. El Partido Demócrata no sólo le ahorraría un platal al estado si hiciera una campaña en contra del capitalismo de los amigotes. También se convertiría en un campeón del futuro, más o menos en la misma forma en que los radicales británicos del siglo diecinueve lo hicieron, al entrarle a los sistemas de “ayuda externa a las clases altas” en la forma de las proteccionistas Leyes del Maíz y del mecenazgo clientelista. Un 77 por ciento de los estadounidenses cree que hay mucho poder en las manos de los ricos y de las grandes corporaciones.

Una meta aún más grande para los “Verdaderos Progresistas” tiene que ver con todo el gasto gubernamental que es aspergeado sobre individuos que están en buena situación. El sistema impositivo de los Estados Unidos, tal como ya hemos visto, está lleno de huecos tributarios y de exenciones, que colectivamente valen $1.3 trillones; o sea, un 8 por ciento del PIB. La mayoría de los países miman a los ricos de esa manera, pero los Estados Unidos ha llevado a nuevos niveles esa indulgencia –por ejemplo, al fijar como límite un millón de dólares de alivio tributario sobre las hipotecas, o cuando permite a la gente reclamar generosos paquetes de seguros de salud. Si la ayuda tributaria sobre las hipotecas fuera restringida a $300.000, reduciría el déficit en $300 billones. Alternativamente, el gobierno podría simplemente fijar un límite general: Permitiendo a los contribuyentes que reclamen deducciones a una tasa del 15%, podría ahorrar $1 trillón en un lapso de diez años.
En efecto, todas esas deducciones podrían ser eliminadas con relativamente poco dolor, en especial si lo que se recaudara con ello fuera usado tanto para reducir el déficit o bien disminuir las tasas impositivas. Esta es la gran negociación (incluyendo la reforma de los beneficios sociales) que Barack Obama ha tratado de lograr lentamente junto con los republicanos en el Congreso, tan sólo que en el último momento ambas partes retroceden hacia su concha protectora. Una vez más, la simplificación es un bien en sí mismo, debido a que trae la luz a algo que muy a menudo está envuelto en la oscuridad. Un “gasto tributario” no aparece como un gasto público, de manera tal que pocos estadounidenses llegan a conocer qué tanta plata está gastando su estado en los ricos y los poderosos.

DEJAR QUE ALGUIEN MÁS USE LAS JOYAS

La primera causa pendiente es la privatización, a los ojos de los conservadores el pedazo más notable de asuntos inconclusos de tratar de la revolución a medias de los ochentas. Treinta años después de que Margaret Thatcher vendió British Telecom en 1984, es notable qué tanto de las “joyas de la familia” (para pedir prestada un frase de uno de sus críticos aristócratas, Harold Macmillan: [“family silver en la frase original]) continúa siendo del estado en forma de empresas, edificios y tierra. Vender las joyas de la familia no sólo es una manera excelente de reducir la deuda que está aplastando a muchos países. Es también una manera mejor de administrar las joyas de la familia.

El capitalismo de estado no es tan sólo una característica de los chinos. A fines del 2012, los treinta y cuatro miembros de la OECD poseían, ya sea completamente o principalmente, más de dos mil empresas, con una fuerza de trabajo combinada de más de seis millones de personas y un valor colectivo de $2 trillones, el mismo que la industria global de los fondos de cobertura [hedge-fund]. Los gobiernos continúan poseyendo grandes pedazos de “industrias de redes”, tales como transporte, electricidad y telecomunicaciones, con fundamento en que constituyen tanto bienes públicos como activos estratégicos nacionales: Empresas privadas podrían usar su poder de mercado, para extorsionar a los consumidores o para excluir a los pobres y los inversionistas extranjeros podrían adquirirlos, para obtener una cabeza de playa en un país extranjero. De hecho, en tanto que tengan sentido esas objeciones, podrían ser enfrentadas mediante regulación, en vez de serlo por su propiedad.

Estados Unidos es menos abierto y orgulloso de sus tendencias dirigistas que lo es Francia, en donde el gobierno posee 60 billones de euros en acciones de las similares Renault y France Telecom. Pero el Tío Sam es un capitalismo de estado en el clóset. ¿Por qué, por ejemplo, es dueño de Amtrak, quien salta de crisis en crisis, a pesar de controlar una de las más lucrativas líneas ferroviarias de conmutación en el mundo? Una respuesta podría ser que los Estados Unidos empezaron poseyendo relativamente pocos de los grandes activos, que fueron los primeros que se privatizaron en Europa. Tanto sus empresas de telecomunicación, como las de servicios públicos, fueron gestionadas por el sector privado. Fue así como los Estados Unidos dejaron pasar la oportunidad de la ola privatizadora de los ochentas y los noventas, que cubrió a otro tipo de activos. Otras naciones habían privatizado sus oficinas de correos, prisiones y aeropuertos. Estados Unidos no lo hizo –y eso se exhibe. Los aeropuertos lucen como objetivos especialmente tentadores para su venta: de más mala calidad y peor administrados que sus equivalentes privatizados en Europa y Asia.

La cartera subutilizada de tierras y propiedades de los Estados Unidos es particularmente extensa. La Contraloría General de la República [General Accounting Office] estima que el gobierno posee más de 900.000 edificios que valen “cientos de billones” de dólares. Por lo menos 45.000 de ellos están subutilizados o no se necesitan. Agregue edificios gubernamentales que están en lugares innecesariamente caros, como el centro de Washington, y así tiene usted una cartera más grande. Si Francia puede tener el valor y las agallas para alquilar a terceros un edificio del ministerio de la defensa, ubicado en la Plaza de la Concordia y trasladar sus ocupantes a edificios menos lujosos en las afueras de París, entonces, los Estados Unidos pueden hacer lo mismo. El Departamento del Interior monitorea 260 millones de acres por medio de la Oficina de Administración de Tierras y otras agencias. Tiene sentido que parte de esas tierras permanezcan en manos del sector público: los parques nacionales de los Estados Unidos son una de las glorias de esa nación. Pero, ¿para qué ser propietario de tierras agrícolas? Sirve tan sólo como una excusa para subsidios y burocracia. La revolución estadounidense de gas de esquistos bituminosos ha tomado lugar casi en su totalidad en tierras privadas, aun cuando el estado posee muchos de los mejores prospectos. La Formación de Río Verde -la mayor fuente de petróleo proveniente de esquistos bituminosos- está en tierras federales. El Instituto para la Investigación Energética calcula que el desarrollo de los esquistos federales podría contribuir con $14.4 trillones de dólares a la economía, de aquí al año 2050.

Difícilmente los Estados Unidos están solos en cuanto a disponer en propiedades públicas hallazgos de tesoros aún no desarrollados. Dag Detter, quien ayudó a dirigir mucho del programa de privatización de Suecia, sospecha que en muchas de las economías avanzadas, el valor de mercado de tan sólo la propiedad comercial en manos del estado, excede a la deuda nacional correspondiente. Tomados como un todo, los gobiernos de la OECD bien podrían estar sentados sobre tierras y edificios que valen $9 trillones. Pero, la derecha estadounidense, en particular, parece ser demasiado lenta en pensar acerca de privatizaciones. La ignorancia es una razón de ello. Los gobiernos de los Estados Unidos, especialmente locales, no tienen idea alguna acerca de lo que poseen. Otra razón es la terquedad. Cuando Barack Obama sugirió vender la Autoridad del Valle del Tenesí, una compañía eléctrica que jugó un papel icónico en el Nuevo Trato [New Deal], protestaron prominentes republicanos. Sería injusto comparar las tierras públicas de los Estados Unidos con Grecia, en donde no ha llegado a ningún lado un esfuerzo de veinte años de duración por tener una descripción correcta de la tierra, principalmente porque mucho ha sido construido con la connivencia de políticos, pero el nexo entre congresistas republicanos, rancheros y el Departamento del Interior, no es muy sano. Los herederos de Reagan podrían hacerlo con un poquitín de la vitalidad de aquél.

ABOUT THE AUTHOR: Administración

RELATED POSTS